Emvipsa vende la vivienda destinada a emergencias sociales contraviniendo los acuerdos plenarios en los que se exigía la dotación de mobiliario para su puesta en servicio.
Los ediles del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Miguel Ángel Sánchez y Alicia María Pérez Gallardo, exigirán responsabilidades legales por la venta de una de las viviendas de emergencia con la que contaba esta administración local para dar cobertura a aquellas familias o personas que de manera urgente deban ser realojadas.
El portavoz del grupo municipal y consejero de la empresa Emvipsa, Miguel Ángel Sánchez, alertaba de la pérdida de este inmueble en el propio consejo de la empresa celebrado esta misma mañana en el que se ha dado cuenta de este asunto.
Esta vivienda, propiedad de la Empresa Municipal, que fue determinada en 2013 como alojamiento de emergencia, estaba pendiente de su amueblamiento, aprobado en sesión plenaria de mayo de este año a instancias de Izquierda Unida y con el voto favorable de todo la corporación, para su uso efectivo. No sólo no se ha amueblado y durante tanto tiempo se ha desaprovechado sino que, contraviniendo los propios acuerdos plenarios, se vende sin que haya cumplido la función para la que la destinamos.
Para la viceportavoz de Izquierda Unida, Alicia Pérez, la situación de la vivienda y la escasez de alquiler es tal que “este tipo de noticias no vienen más que a demostrar el escaso interés de este gobierno por aportar alguna mínima solución al derecho a la vivienda”.
De esta necesidad y de la realidad que muchas familias y vecinos de este municipio están padeciendo: precariedad salarial, ayudas y prestaciones sociales muy limitadas, más de 8.000 parados, etc. Todo esto en el marco de una comunidad autónoma que ha sido segunda en el número de lanzamientos por impago de alquiler
Así, durante los escasos meses en los que la Oficina de Defensa de la Vivienda Digna ha estado funcionando en este Ayuntamiento, se destaparon muchos casos de precariedad económica que derivaban en pérdida de vivienda. Las partidas destinadas al pago de ayudas para evitarlo fueron de la media de 23.000 euros mensuales. Una vez desmantelada la Oficina, las ayudas se redujeron a la mitad. Lamentablemente, asegura la concejala de IU, Alicia Pérez, “esto no significa que haya menos familias que necesiten ayudas sino que, son las ayudas las que se han ajustado para no desequilibrar un presupuesto que ya alertaba IU, era insuficiente para dar una mínima respuesta a tanta precariedad”.
La propuesta que Izquierda Unida lleva a pleno y que espera sea aprobada para dar respuesta a estas situaciones de necesidad imperiosa en las que las ayudas son fundamentales para poder conservar una vivienda es dotar el presupuesto de 2018 de una partida expresa para atender estos casos de unos cuatrocientos mil euros, que viene a ser la media que se ha invertido en los meses de funcionamiento de la ODV, etapa en la cual se trató el tema con la seriedad y atención que merece.
