IU de Vélez pide a la Junta que asuma a los gestores telefónicos de las emergencias 112 y 061

La formación pide la readmisión de las trabajadoras despedidas del 061 de Málaga y Cádiz y la retirada de las sanciones

Izquierda Unida ha presentado una moción al pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la que insta a la Junta de Andalucía que asuma a los gestores telefónicos de las emergencias 112 y 061, al mismo tiempo que pide la readmisión de las trabajadoras despedidas del 061 de Málaga y Cádiz y la retirada de las sanciones fruto de las reivindicaciones de las plantillas por unas condiciones laborales dignas.

Según la propuesta de IU, la Junta de Andalucía ha puesto en mano de empresas privadas la gestión telefónica de los servicios públicos de emergencias 112 y 061, las cuales  exclusivamente gestionan el salario de dichos trabajadores, "estableciendo para ello unas condiciones laborales devastadoras propias de sistemas esclavistas".



Estas empresas privadas se sirven de edificios públicos, utilizando todos los equipamientos desde las  líneas de  teléfonos, los ordenadores o todos los complementos y detalles, incluyendo los suministros básicos, abonados por la Junta de Andalucía con dinero público, "con los que además no se hace un uso austero".

La formación señala que "hace más de un año se vive una situación de extrema conflictividad  en estos centros de emergencia, generada principalmente por el afán de enriquecimiento de estas empresas privadas, que no dudan en endurecer las condiciones laborales de sus trabajadores para incrementar sus ya de por si elevados beneficios". 

Señala que "sancionan indiscriminadamente o incluso no aplican el convenio colectivo que les asiste de venta telefónica (Contac center), sin que dicho convenio tenga nada que ver con la cualificación o actividad profesional que desarrollan", y añaden que "se ven sometidos a condiciones que merman su desempeño como gestores telefónicos de emergencias e impiden la conciliación de la vida laboral, dado que no le son respetados  los tiempos legales de descanso, asignándoles  incesantes cambios de turnos sin cadencia que les impide tener un ciclo regular y poder conciliar la vida familiar. Igualmente no se les dota de los recursos de apoyo psicológicos necesarios que se requieren ante exposiciones e impactos emocionales inherentes a las gestiones propias de las emergencias".

Para IU, "la situación se agrava aún más dado que la contrata adjudicataria Ilunion Emergencias del (grupo ONCE), se permite la licencia de sancionar y despedir a quienes manifiestan legalmente el incumplimiento de los mínimos legales vigentes con excusas inconcebibles".
 
La pasividad de la  Junta de Andalucía, según la coalición política, "permite que se  consientan estos atropellos y que persistan con cargos directivos en las empresas públicas,  quienes no sabemos bajo que intereses, son cómplices activos para los abusos empresariales que se vienen produciendo".

La moción asegura que "la Junta de Andalucía ya tiene conocimiento de los nueve despidos realizados hasta el momento en la Empresa Pública de Emergencias (EPES 061) con ocho despedidas del centro de Málaga y una del centro (061 de Cádiz), atropellando con ello  a profesionales de expedientes intachables, con muchas vidas salvadas a sus espaldas y experiencias de hasta veinticinco años en el servicio".
 
Paralelamente, continúa el escrito, "la empresa comisionista ILUNION, ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por fraude en la contratación y múltiples incumplimientos laborales, también por la agencia Española de Protección de Datos y reiteradamente sancionada y condenada por los tribunales de justicia por violar Derechos Fundamentales de sus trabajadores/as".

Ante esta situación, Iu afirma que "no podemos mirar a otro lado y permanecer como meros espectadores, siendo los gestores de emergencias el primer eslabón de la cadena de los servicios de emergencias, viendo como a día de hoy se siguen produciendo este tipo de incumplimientos y obligando a los trabajadores/as a inundar con reclamaciones Inspecciones de Trabajo, Juzgados de lo Social o incluso la propia Agencia de Protección de Datos". 



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