La coalición de izquierdas llevará una moción al pleno donde plantean que el centro penitenciario, que aún no está en uso para el fin para el que fue construido, deje de utilizarse para encerrar a los inmigrantes que llegan a nuestras costas.
En las vísperas del día mundial del migrante, que se celebra el 18 de diciembre, los ediles del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Miguel Ángel Sánchez y Alicia Pérez Gallardo, han dado a conocer el contenido de una moción que llevarán al pleno de este mes solicitándole al Ministerio del Interior del Gobierno de España que deje de usar el centro penitenciario de Archidona, que aún no está en uso para el fin para el que fue construido, como lugar de internamiento de las personas que durante las últimas semanas llegan a nuestras costas.
Según avanzó el portavoz de la coalición, Miguel Ángel Sánchez, “siguiendo con la ofensiva que nuestra organización está llevando en toda la provincia de Málaga, tanto en los ayuntamientos, como en la propia diputación y en las mancomunidades de municipios, vamos a defender una iniciativa instándole al gobierno de España a dar marcha atrás con el encierro masivo de personas inocentes en la cárcel de Archidona”
Sánchez se ha mostrado muy crítico con lo que ha considerado una auténtica “ocurrencia del gobierno central, usado un centro penitenciario, que aún no está en uso, ni reúne las condiciones para albergar a reclusos, para encerrar en él a cerca de un millar de personas, cuyo único delito es el de huir de la barbarie de la guerra, la miseria o la tiranía que sufren en sus países”.
La moción de Izquierda Unida plantea tres puntos, que son los siguientes:
Primero.- Exigir al Ministerio del Interior que de forma inmediata proceda a reubicar la personas recluidas en el Centro Penitenciario Málaga II en instalaciones que no atenten contra su dignidad.
Segundo.- Exigir al Ministerio del Interior que no se vuelvan a utilizar Centros Penitenciarios como lugar de internamiento de personas inmigrantes.
Tercero.- Exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea el establecimiento de actuaciones y normas encaminadas a discriminalizar la inmigración, mediante inversiones en los países de origen y la erradicación de las mafias que los transportan al objeto de conseguir mejores condiciones de vida.
