Un juzgado ordena demoler una vivienda turística rural en Frigiliana 12 años después de la primera denuncia

El juez considera probado que una vecina convirtió el apero para el que obtuvo la licencia en un inmueble de alquiler, por lo que la condena al pago de una multa de 1.080 euros, informa Diario Sur.

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha ordenado la demolición de una vivienda turística con piscina construida en el suelo no urbanizable del término municipal de Frigiliana. Además condena a la promotora, una vecina de la localidad, con iniciales S. M. N. D., al pago de multas que suman 1.080 euros por un delito contra la ordenación del territorio, con la atenuante de dilaciones indebidas, y a las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de dos meses de inhabilitación para el ejercicio de profesión de un oficio de promoción de edificaciones.



Los hechos que han sido enjuiciados se remontan al año 2003, cuando la condenada obtuvo una licencia municipal para la construcción de una nave de aperos de 40 metros cuadrados y una alberca con lámina de agua de 15 metros. Posteriormente, en 2007 solicitó otra licencia municipal para construir un muro de 15 metros de longitud y altura de 1,5 metros «para cerrar e inutilizar, bajo la terraza descubierta junto a la caseta de aperos, el hueco existente».

Sin embargo, la acusada, «apartándose de las licencias concedidas y con la intención de destinar la construcción a hospedaje y alquiler rural y no de destinarla a una explotación agrícola, forestal o ganadera, sin proyecto de actuación alguno, edificó una vivienda de dos plantas, de superficie superior a los 56 metros cuadrados con dos porches, piscina con playa, ducha y zona de recreo, obras éstas contrarias a la normativa urbanística y no susceptibles de legalización», según recoge el fallo judicial al que ha tenido acceso este periódico.

Para el juez, las obras, al contrario de lo que sostiene la defensa, «en modo alguno resultan legalizables de acuerdo con la legislación urbanística, que viene dada por la LOUA y legislación anterior que no la contradiga, siendo así que para edificar construcción destinada a vivienda se requiere que la finca, para empezar, tenga una extensión de tres hectáreas (30.000 metros cuadrados) caso de fincas de secano, ó de 0,25 hectáreas (2.500 metros cuadrados) de regadío, siendo así que la finca en cuestión tiene una extensión de 8.033 metros cuadrados, no constando explotación alguna de regadío, sino la existencia de algunos olivos, con la que no puede, de ninguna de las maneras, ser legalizable la vivienda construida», considera el juez.

«No era legalizable»

«Ni la construcción era legalizable al tiempo del inicio de las obras, ni a su finalización, ni al momento del dictado de la presente sentencia, siendo la inicial, única y verdadera intención de la acusada el destinar la construcción a vivienda y dotarla de piscina para actividades de recreo», apostilla.

La demolición de la casa, en el Paraje Loma de la Cruz, se acuerda «a costa de la condenada», que tendrá que abonar también las costas judiciales. La primera denuncia ante la Fiscalía partió del Gabinete de Estudios de la Naturaleza (GENA)-Ecologistas en Acción. El fallo absuelve al arquitecto que elaboró el primer proyecto, con iniciales R. F. A., y al técnico municipal que emitió los informes favorables, M. A. L. S. La sentencia, notificada a las partes el pasado 5 de octubre, es recurrible ante la Audiencia Provincial.

Por su parte, el alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero (PSOE), aseguró que no tenían «constancia oficial» de este fallo judicial. «Sabemos que hubo 26 denuncias de los ecologistas en 2009 y que están saliendo sentencias. Imagino que la dueña recurrirá», apuntó el regidor, quien confió en que la nueva legislación urbanística de la Junta contemple «de una vez por todas» las viviendas turísticas en el campo «con unas determinadas condiciones». «Es bueno para los pueblos, ya que crea riqueza y frena el despoblamiento», apostilló.

La Fiscalía denuncia «obstáculos» para las demoliciones por los ayuntamientos

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