Moreno Ferrer anuncia que el nuevo presupuesto municipal contempla tres millones para pagos
Vélez-Málaga tiene hasta el 20 de abril para evitar que sus cuentas sean intervenidas por Hacienda. Ese es el plazo para presentar un plan de pagos que asegure el pago a los proveedores si no quiere que sea el Estado quien asuma la gestión de los pagos de esta localidad con los recursos municipales.
La carta remitida al Ayuntamiento de Vélez Málaga es una de las catorce enviadas a otras tantas administraciones locales de España y que forman el grupo de entidades más morosas de España. El Consistorio de Vélez es una de esas 14 entidades morosas advertidas por el Ministerio de Hacienda, que señala como límite el 20 de abril para que redacten y presenten el plan de ajuste.
Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda del último trimestre del año 2017, publicados en marzo, señalan que el Ayuntamiento de Vélez Málaga multiplica por cinco el plazo máximo para el pago de facturas, pasando de los 30 días establecidos por ley a 153,76 días. Estas cifras sitúan a Vélez Málaga como el séptimo ayuntamiento más moroso de España, por detrás de Jaén (557,19 días), Algeciras (378,53), Parla (320,73), Jerez (284,42), Chiclana (209,17) y Alcorcón (158,50 días).
El alcalde veleño, Antonio Moreno Ferrer, en declaraciones a La Opinión de Málaga defiende que desde febrero se han tomado medidas contra la deuda municipal a raíz de una primera comunicación que a principios de año realizó Hacienda en base al gran incremento que desde hace tres años ha acumulado el periodo medio de pago a proveedores. «No somos irresponsables. En el nuevo presupuesto hemos reservado tres millones para pago a proveedores con los que reduciremos ese periodo y también hemos empezado a tomar otras medidas, como la creación de una nueva plaza de interventor para agilizar este departamento municipal», aclara.
El regidor recuerda que la deuda actual es de 5 millones, pero sólo en pago a entidades bancarias se han abonado 6 millones en el último año. «Podríamos hacer como el anterior gobierno y pedir un anticipo al Patronato de Recaudación, pero eso es aplazar el problema. Lo que no entendemos es que siendo un ayuntamiento con superávit, la normativa actual nos impide invertir el mismo en pagar a proveedores», matiza. Asimismo ha expresado que en un término tan extenso y repleto de núcleos como el suyo no cabe reducir servicios públicos, al contrario «los hemos ampliado, incluso en competencias de regeneración de playas que no son nuestras, por lo que es normal que haya ahora más facturas. Sin contar las muchas que el Partido Popular nos dejó sin pagar y que son anteriores al actual mandato», ha señalado en declaraciones al periódico malagueño.
