Las tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se generalizaron en las redes de agua en España y Europa desde los años 40. La Directiva Europea 1999/77 de 26 de julio de 1999 ya limitaba el uso y comercialización de sustancias como el amianto y por extensión a las tuberías de fibrocemento y desde 2003 están totalmente prohibidas tanto en usos como en comercialización por la directiva europea 2003/18/CE, y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad en el tiempo.
“Según un informe que solicitamos a HIDRALIA, la concesionaria del agua en el municipio, existen 66,71 kilómetros de fibrocemento en la red de abastecimiento, lo que supone un 26,84% del total”, ha informado la portavoz, Encarnación Anaya, “si bien en las obras nuevas que se han ejecutado en el municipio en los últimos años se ha venido sustituyendo el fibrocemento por otros materiales tales como fundición y PVC, debido a los datos del informe entendemos que no debemos esperar a la realización de obra nueva para su sustitución por lo que instamos al equipo de gobierno calendarizar y priorizar actuaciones para renovar la totalidad de la red en el menor tiempo posible” ha insistido Anaya.
El riesgo más evidente del fibrocemento se centra en la inhalación de fibras de amianto que se produce por su dispersión en el medio ambiente de restos o por la utilización de técnicas agresivas de corte o abrasión sobre este material sin protección adecuada, “el problema con este material radica por tanto, en su producción, manipulación y destrucción y no en la utilización del mismo para actividades diversas como es el caso de distribución de las aguas de consumo”, según Antonio Sánchez concejal del grupo socialista y responsable de urbanismo e infraestructuras antes de la moción de censura.
“Creemos muy necesario la actualización del informe que nos elaboró Hidralia para conocer con exactitud los datos a día de hoy y además queremos conocer el protocolo que está utilizando la empresa para la manipulación de las tuberías con amianto” ha destacado Sánchez.
El pasado martes los medios informaban de la sentencia de la Sección 21 de la Audiencia de Madrid en la que condenan a la empresa Uralita a pagar más de 2 millones de €uros en indemnizaciónes a 39 vecinos de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollet que enfermaron por haber estado expuestos al amianto que utilizaba la fábrica.
“Confiamos que la moción que se debatirá en el pleno ordinario de la próxima semana prospere con el apoyo de toda la corporación con objeto de que se constituya la comisión que solicitamos y se inicie la elaboración de los informes lo antes posible” ha subrayado Encarnación Anaya.
