El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona (Barcelona) ha acordado este viernes la libertad provisional para el empresario José Luis Ulibarri y otros dos investigados, tras ser detenidos a principios de julio por el presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios, entre ellos Vélez-Málaga y que se dio a conocer como caso Enredadera.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado ha tomado esta decisión después de recibir la petición del fiscal, que consideraba que ya no se daban los requisitos por los que se había acordado la medida privativa de libertad, y la salida de la prisión dependerá del trámite administrativo en el centro penitenciario. En agosto, tras un recurso ante la Audiencia de Barcelona, ya se acordó la libertad de otro de los investigados encarcelados, si bien para todos ellos se han acordado las medidas cautelares de presentaciones periódicas y retirada de pasaporte. Estos detenidos en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía estaban en prisión provisional desde principios de julio. Concretamente, el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona decretó el 5 de julio el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Ulibarri.
Los hechos investigados en la operación Enredadera, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que ordenaron a principios de julio 55 entradas y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobre la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.
El Juzgado de Badalona autorizó la entrada y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet de Vallès, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.
En esta operación, además de ser registrado el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, fue interrogado el jefe de la Policía Local de la localidad, José Andrés Montoya de Hombre, para quien desde la oposición se solicitó su cese a pesar de que el Ayuntamiento negó la existencia de contratación alguna con la empresa investigada.
