El exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba ha asegurado este martes, tras la sentencia del caso ‘Arcos, sobre irregularidades urbanísticas en dicho municipio, por el que han sido condenadas once de las 33 personas finalmente acusadas, que «quisieron hacer algo muy grande, comparándolo con otros como ‘Malaya’ y se ha demostrado en el juicio que no es así». Martín Alba ha sido condenado en esta causa por un delito continuado de prevaricación urbanística y tráfico de influencias, y por otro de falsedad en documento oficial, imponiéndole 17 meses de prisión, inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años y siete meses y multa de 600 euros, absolviéndole de todos los demás delitos, entre ellos cohecho o blanqueo de capitales. Así, el exregidor ha manifestado a Agencias que el análisis de las licencias concedidas «tenía que haber ido por la vía administrativa y no por la penal» y ha indicado que en la investigación «se quiso hacer un mogollón, incluyendo muchas falsedades documentales de certificados, y al final se ha visto que no es verdad». Sobre los delitos por los que ha sido condenado, ha afirmado que el de falsedad «no encaja» y ha insistido en que respecto a la prevaricación urbanística tiene «la conciencia tranquila porque las licencias no las he dado consciente de que eran ilegales». «No es para tirar cohetes la sentencia, pero hemos mejorado desde los 225 años que me pedían al principio el fiscal y los doce que solicitó al final», ha dicho. Así, el exalcalde ha indicado que, aunque tendrá que analizar la sentencia con su defensa y ver un posible recurso, «no me doy por vencido». Al respecto, su abogado, José María Ramírez Pedrosa, ha apuntado que «sin dudas» recomendará a su cliente recurrir ante el Tribunal Supremo esta resolución de la Sección Tercera de la Audiencia malagueña. En este sentido, el letrado ha explicado que respecto a la prevaricación urbanística «entiendo que no se puede condenar cuando nadie sabía la norma aplicable», apuntando que «si ha tenido que venir un magistrado en 2018 a hacer un análisis muy exhaustivo de la normativa, cómo podía saberla alguien hace casi 20 años y más una persona que no es experta». Sobre la falsedad documental, el letrado ha precisado que la Sala «acoge el argumento de esta defensa de que no se cometía la falsedad de certificados por cuanto el alcalde no es competente para emitirlos», apuntando que el que se le condene como inductor por alguno de estos delitos «es fácilmente recurrible en el Supremo y podemos seguir peleando en esta línea». Asimismo, Ramírez Pedrosa ha destacado que a su cliente se le absuelve de delitos como cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada o blanqueo de capitales «y no por falta de pruebas sino porque no hay constancia de nada de eso», ha precisado. Respecto a la investigación, a cargo de la Guardia Civil, ha coincidido con el exalcalde en que fue «absolutamente exagerada y eso se ha revelado en el juicio». «Quizás se quiso comparar con la corriente que venía del caso ‘Malaya’ y se intentó hacer algo parecido, se ha llenado de contenido un asunto que no lo tenía y que se ha ido aflojando conforme se ha ido celebrando la vista», ha dicho.
