El entrenador de fútbol de categorías inferiores acusado por supuesto abuso, acoso sexual y mantener contactos y conversaciones de dicha índole con 25 menores se ha declarado inocente, negando los hechos delictivos por los que se le juzga desde este martes en la Audiencia de Málaga
La Sección Tercera de la Audiencia malagueña ha comenzado la celebración de este juicio a puerta cerrada, dado el tipo de víctima y el carácter de los delitos que se enjuician. El hombre se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 100 años y siete meses de prisión al acusarlo de 56 delitos.
El letrado Agustín Martínez, que defiende al acusado, ha asegurado en declaraciones a los periodistas al final de la sesión que su cliente se declara inocente y que ha contestado sólo a sus preguntas para «evitar la confrontación», pero ha puntualizado que por su parte le ha realizado «las mismas preguntas que solicitaba el fiscal e incluso las acusaciones particulares».
Por su parte, la letrada que representa a uno de los menores Sagrario Nieto ha señalado que el acusado ha declarado «tranquilo» y que «las conversaciones de índole sexual las normaliza», apuntando que «sí admite que las ha habido pero que eran con menores que ya eran adolescentes y que ese tipo de conversaciones era normal en un vestuario de fútbol».
Asimismo, en esta primera sesión ha declarado una de las víctimas, que ha corroborado todo lo que ya había declarado previamente sobre los hechos. Al respecto, el abogado de este perjudicado, Alonso Aranda, ha señalado que esta víctima ha contestado a todas las preguntas de forma «concluyente».
El juicio ha comenzado con el trámite de cuestiones previas, en el que el abogado defensor ha planteado la nulidad de las actuaciones por investigación prospectiva en la localización de víctimas y por «la no correcta utilización de los mensajes de textos» que intercambiaban «porque no tienen la suficiente credibilidad»; argumentos a los que se han opuesto el fiscal ni las acusaciones.
La vista oral continúa este miércoles con la declaración del resto de menores. La acusación pública sostiene que el hombre presuntamente se prevalió de su posición sobre los menores, a los que supuestamente realizó proposiciones y acosó para intercambiar archivos pornográficos; además de que en un caso se le acusa por delito de abusos sexuales.
En sus conclusiones iniciales, el fiscal acusa a este hombre, de 45 años en la actualidad y en prisión desde diciembre de 2016, de tres delitos de abuso sexual sobre un menor con prevalimiento, de 20 de exhibicionismo y provocación sexual, 17 de embaucamiento sexual en concurso con pornografía infantil, dos de acoso sexual y diez de corrupción de menores, algunos en grado de tentativa.
La acusación pública solicita que se le prohíba acercarse o comunicar con las víctimas durante un plazo máximo de diez años y que se le impongan diez años de libertad vigilada, a cumplir una vez termine la pena de prisión que se le impusiera; además de la inhabilitación especial durante 25 años para cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad.
Asimismo, se insta a que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual cada dos años y a que se le prohíba acudir a acontecimientos deportivos o culturales cuando haya menores; apuntando que, en caso de condena, los beneficios penitenciarios, permisos de salida y clasificación en tercer grado o la libertad condicional se concedan según la totalidad de la pena que se imponga en la sentencia.
Así, según las conclusiones provisionales del fiscal, en el caso de una de las víctimas, de 12 años entonces, los presuntos abusos comenzaron en 2012, realizándole tocamientos y mostrándole videos con escenas de pornografía entre adultos cuando iban de viaje con motivo de un partido, aunque en 2016 supuestamente mantuvieron otro contacto y, además, le mandó en ocasiones mensajes con imágenes sexuales.
Para el ministerio público, supuestamente estas conductas fueron llevadas a cabo por el procesado «prevaliéndose de su condición de entrenador, haciendo creer al menor que si accedía a sus pretensiones podría jugar en los partidos y ser promocionado en el fútbol».
En el caso de las demás víctimas, con edades entre once y 16 años en ese momento, la Fiscalía sostiene que el acusado, aprovechando que era su entrenador en categorías inferiores, mantuvo con estos menores conversaciones de índole sexual por mensaje, además de que supuestamente les enviaba imágenes de carácter pornográfico. Aunque se sentían «incómodos» y «presionados» con esto, accedían para «no provocar el enfado del procesado».
Asimismo, supuestamente les pedía que le enviaran imágenes de sus cuerpos, «bajo promesa de hacerles capitanes de los equipos» o tener un trato preferente con ellos. Para esta acusación, el procesado hacía esto en ocasiones presuntamente aprovechando que los menores estaban en una residencia deportiva y sus padres se encontraban en otras localidades. A algunos también les decía que les iba a llevar a prostíbulos o les ofrecía alcohol y pequeñas cantidades de dinero.
En el registro de la vivienda del procesado había varios ordenadores y en uno de ellos los investigadores encontraron conversaciones de carácter sexual con menores de edad. El hombre no presenta ninguna perturbación mental ni adicción, según la calificación inicial del fiscal.
Aunque la petición de pena es de 100 años y siete meses de prisión, el fiscal indica que en caso de condena éste tendría que cumplir 20 años de cárcel, ya que se debe tener en cuenta lo que establece el Código Penal de que el máximo de cumplimiento efectivo no podrá exceder el triple del tiempo por el que se imponga la pena más grave o, en cualquier caso, los 20 años de prisión.
Así, además de las penas ya mencionadas, el fiscal insta a que se imponga al acusado el pago de 3.000 euros a cada uno de los menores que no hayan renunciado a indemnización; cantidades de las que son responsables civiles subsidiarios los clubes del Málaga CF, en el caso de 15 menores; y del Alhaurín de la Torre, en cuanto a ocho.
