El Consejo aprueba un plan dirigido a evitar situaciones severas y reducir su impacto en las personas afectadas y en las cuidadoras
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, que prevé una inversión de 1.765 millones de euros en el periodo 2016-2020 para reforzar las medidas orientadas a disminuir el impacto de esta situación y evitar su agravamiento en las personas ya afectadas.
El plan se dirige a la población andaluza en general, aunque con especial atención a personas mayores y con discapacidad, cuidadoras, dependientes y colectivos con factores de riesgo como sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, drogas, juego o trastornos alimenticios.
Respecto a las personas mayores, las medidas se sustentarán en los más de 900 centros de participación activa que funcionan en la comunidad (168 de titularidad de la Junta), con cerca de medio millón de asociados que realizan anualmente casi 100.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal. Las políticas de la Junta para favorecer la autonomía personal a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo cuentan con la máxima puntuación de la Comisión Europea, lo que sitúa a Andalucía como región de referencia en este ámbito.
Los objetivos básicos del plan se centran en facilitar el desarrollo de una existencia autónoma de la persona en su medio habitual y en condiciones de igualdad; promover el aumento de la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad; reducir el impacto sobre las personas afectadas y sus cuidadoras; mejorar los mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre los distintos sectores implicados, e impulsar la formación, la investigación y la innovación en estos ámbitos.
En líneas generales, el plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente desarrolla la Junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y a la asignación de profesionales para evitar el agravamiento de situaciones de dependencia moderadas. Se pretende así que las personas incluidas en esta categoría (actualmente 99.572), desarrollen y mantengan sus capacidades mediante intervenciones de terapia ocupacional, de atención temprana, estimulación cognitiva, rehabilitación y otros apoyos. Asimismo, se seguirán desarrollando los programas de educación para la salud en centros sanitarios, sociales y educativos; las medidas de incorporación o permanencia en el mercado laboral, y el impulso a la participación ciudadana a través de colectivos y asociaciones.
La elaboración del plan ha contado con las aportaciones de más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones, desde la Administración autonómica a entidades locales, agentes sociales y económicos, organizaciones del ‘Tercer Sector’ y universidades. Por parte de la Junta, han participado las consejerías de Educación; Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Empleo, Empresa y Comercio, y Fomento y Vivienda.
Andalucía es actualmente la comunidad autónoma que más personas en situación de dependencia atiende. A 31 de marzo, existen 178.900 beneficiarias (el 23,4% del total nacional), que cuentan con 232.400 prestaciones (24% del total). El Gobierno de España financia el 22% del sistema en la comunidad, por debajo del 50% que establece la propia legislación estatal. Ello ha provocado una pérdida de financiación de más de 500 millones de euros entre 2012 y 2015. Desde la entrada en vigor de la ley en 2007 la Junta ha invertido más de 8.000 millones en estas políticas.
